BOLETÍN DE PRENSA N.º 29 de 2026
SECRETARÍA DEL INTERIOR RINDE CUENTAS ANTE EL CONCEJO DE CARTAGENA: DESTACAN AVANCES EN SEGURIDAD, GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DIFERENCIAL
Cartagena de Indias, 15 de febrero de 2026. En sesión del Concejo Distrital de Cartagena, el secretario del Interior, Bruno Hernández, junto a la directora de Asuntos Étnicos, María Torres Pérez, presentó el informe de gestión con corte a diciembre de 2025, en el que se evidencian avances en materia de seguridad, fortalecimiento institucional e inclusión de comunidades.
Durante su intervención, el secretario Hernández resaltó que la ejecución presupuestal alcanzó el 63,70 %, con una inversión superior a los 80 mil millones de pesos, orientada principalmente al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, en el marco del Plan de Desarrollo “Cartagena Avanza”.
Entre los principales resultados, se destacó el cumplimiento del 100 % de la meta del Plan Titán 24, con la conformación del equipo operativo de gestores de convivencia, respaldado por una inversión de 3.480 millones de pesos. Asimismo, se reportaron avances en el fortalecimiento de cinco organismos de seguridad, con una ejecución superior a los 22.920 millones de pesos, en articulación con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
En materia de atención social, se puso en funcionamiento la primera Comisaría de Familia móvil del Distrito y se alcanzó un 50 % de avance en la implementación del sistema de información local. De igual forma, a través de la estrategia “Laboratorios de Paz”, se inició la vinculación de 835 jóvenes en condición de riesgo, con el objetivo de prevenir su ingreso a estructuras delincuenciales.
Durante la sesión, los concejales realizaron observaciones al informe de gestión presentado por la Secretaría del Interior, enfocadas en seguridad, enfoque diferencial y acceso a la justicia.
El concejal Armando Córdoba insistió en la necesidad de fortalecer la atención a poblaciones vulnerables y comunidades étnicas. Asimismo, expresó preocupación por la situación del cabildo indígena Caicén, que continúa a la espera de soluciones frente a la asignación de un predio.
En materia de seguridad, advirtió sobre el aumento del delito de extorsión que, según el informe, creció cerca de un 47,9 %, lo que evidencia nuevas dinámicas del crimen organizado en la ciudad.
Por su parte, el concejal Javier Julio Bejarano reiteró la necesidad de realizar un debate de control político sobre seguridad y presentó un análisis preliminar del informe. Señaló que la percepción de inseguridad ha aumentado y cuestionó la concentración del 92 % de los operativos en la zona turística, frente a un 8 % en barrios de las localidades 2 y 3.
Finalmente, advirtió sobre bajos niveles de ejecución en herramientas clave como las casas de justicia y los convenios institucionales, subrayando la importancia de fortalecer el acceso a la justicia ante la desconfianza ciudadana.
En otro punto de la sesión, respecto al Cuerpo de Bomberos, la Administración Distrital reportó avances significativos en su capacidad operativa, destacando el aumento a ocho máquinas extintoras, con lo que se cumplió el 100 % de la meta anual. También se logró la adecuación de una estación, mejorando las condiciones del personal. Este componente registró una inversión de 29.511 millones de pesos, equivalente al 84,10 % de ejecución.
Por su parte, la directora de Asuntos Étnicos, María Torres Pérez, presentó resultados enfocados en la garantía de derechos y el fortalecimiento de las comunidades étnicas del Distrito. En este sentido, se reportó un avance del 95,53 % en el proyecto dirigido a comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, orientado a su fortalecimiento organizativo y atención diferencial.
Asimismo, se adelantaron acciones con comunidades indígenas, incluyendo procesos de gobernanza en cabildos urbanos, formulación de planes de vida y dotación tecnológica para la Guardia Indígena Ancestral.
En materia de derechos humanos, se destacó la atención del 100 % de las solicitudes de medidas de protección preventiva, así como la asistencia integral a víctimas sobrevivientes de explotación sexual.
Finalmente, se informó que durante la vigencia 2025 se suscribieron 1.054 contratos por un valor total de 52.433 millones de pesos, concentrados principalmente en la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, esenciales para el funcionamiento de casas de justicia, inspecciones de policía y centros de atención al migrante.
Una vez agotado el orden del día, la mesa directiva citó a sesión para el viernes 16 de abril a las 8:30 a. m.
