COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA. (Diciembre 11 de 2020).
Cartagena de Indias D. T y C. 11 de Diciembre de 2020. Con mucha extrañeza vemos en el discurso del alcalde de Cartagena, que nuevamente frente a hechos contundentes y documentados, prefiere voltear su cabeza hacia un costado y no escuchar los llamados de la ciudadanía y mucho menos de su Junta Directiva.
Hoy más que nunca le pedimos al señor alcalde que mire de frente los problemas de la ciudad y que dentro del marco de la legalidad y la ley colombiana proceda a trabajar en ellos.
En su discurso desdibuja las realidades que llevaron a este Concejo a propiciar y finalmente decretar la moción de censura, al funcionario Guillermo Ávila Barragán.
Al señor no se le acusa por el “desorden urbanístico de la ciudad” como trata de desviar la atención el alcalde. Estamos de acuerdo que todo lo que se puede investigar, identificar responsables, deben ser condenados, pero, al Señor Guillermo Ávila se le hace moción de censura por no atender en legal y debida forma las funciones de su cargo, al haber procedido, entre otras, en contra de los intereses del Distrito, de recibir productos que ya la máxima autoridad ambiental y la Procuraduría Ambiental había advertido sobre su deficiente calidad y por lo que el Distrito en acta de liquidación parcial había rechazado.
Aun así, el señor Ávila después de 2 años de haber finalizado la etapa de ejecución contractual (es decir el 31 de Julio de 2018) procede a recibir estos estudios, en beneficio de FONADE (Hoy EN Territorio) y en perjuicio de la ciudad, quien por el mal actuar del secretario quedo condenada a trabajar en su POT con unos estudios de riesgos y ambientales deficientes que necesariamente obligaran a hacer mayor apropiación de recursos para enmendar el error cometido por el ex funcionario.
El Alcalde de Cartagena también dice en su discurso que el funcionario está “Comprometido con la construcción de una Cartagena con mejores condiciones de vida.” Pero omite decir que los estudios de riesgos que recibió el secretario censurado no cumplen con los requisitos de la norma. Por lo cual cómo va a garantizar mitigar los riesgos de la ciudad si los estudios son imprecisos, deficientes y no permiten tomas decisiones asertivas para el bien de la ciudad, como se demostró en el debate.
Por otra parte, el Alcalde afirma que: “Se estaba garantizando el no detrimento del recurso”, pero por el actuar del Secretario se evidencia, todo lo contrario, pues lo que se aseguraron fueron los recursos a FONADE/DNP y no al Distrito, porque al recibir por parte del ex Secretario esos productos deficientes obliga al Distrito a tener que salir a contratar su complementación y reparación.
Este Concejo se pregunta: es esta la forma eficiente de evitar el detrimento en la administración actual? cuando todas las administraciones anteriores exigieron a FONADE la devolución total de los recursos por el incumplimiento contractual; mientras que esta administración dos años después de la ejecución recibe los productos deficientes, no amparados en la ley de contratación, sino, basándose en el Código Civil y de Comercio como lo expreso en su escrito el Secretario saliente.
El Ex Secretario de Planeación desconoce el rol que asignó el Contrato Interadministrativo en el punto 2 de la Cláusula segunda que le entregaba al Distrito la supervisión de la ejecución, la cual fue delegada en esta Secretaría desde el año 2016 con el oficio AMC-OFI-0134571-2016 expedido por el Alcalde Distrital del momento; es decir, el Señor Ávila tenía el rol como supervisor de garantizar que la ciudad pudiese tener productos de calidad y este cometido no fue cumplido por el ex secretario.
Entre otras, éstas son las razones por las cuales este Concejo con 18 votos de 19 en mayoría absoluta, adelantamos y promovimos esta moción y nos ratificamos en decir que queremos el beneficio para la ciudad y que tampoco vamos a Ceder en nuestro deseo de permitir el crecimiento, ordenado y sostenible de la ciudad, pero siempre desde el cumplimiento de las normas legales. No hacemos debates de dichos, hacemos debates con soportes técnicos como lo demostramos.
A efectos de lograr beneficio de todos, le pedimos a la Procuraduría General de la República que revise las razones por las cuales nunca se actualizó el POT vigente del 2001 y el convenio NEO POT.
Fin del Comunicado
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA. (Diciembre 11 de 2020).